Christopher Acosta. Acusado por la Justicia en primera instancia por publicar una investigación periodística 

Acoso a periodistas

Así en Perú como en otros lares 

Hacer periodismo es una tarea de riesgo. El número de periodistas asesinados, en América Latina al menos, representa una luctuosa y preocupante estadística. Pero los trabajadores de prensa coaccionados, perseguidos, ninguneados por molestos, representan otro ítem que habitualmente no se mide. Ya sea porque no miramos, ahora “miramos para arriba”, como manda el marketing de los streaming, pero no atinamos a mirar a los lados, para saber cómo es hoy la realidad de la prensa en algunos países de la región.

         Basta detenerse en Perú, para poder entender hasta dónde el poder no ya político (en franca extinción), sino el poder real acosa a aquellos profesionales que se animan aún a mantener viva la llama del periodismo de investigación.

         Al comienzo de la semana que expira, Christopher Acosta, autor del libro “Plata como cancha”, que editó Penguin Random House, fue condenado a pagar una fuerte suma de dinero y los costos del juicio que el empresario y excongresista César Acuña le inició al sentirse injuriado por la obra en la que aparece como protagonista exclusivo.

         Junto a Acosta fue condenado también Jerónimo Pimentel, director general de esa editorial. La sentencia, que será apelada, ya forzó la reacción de algunas entidades internacionales y locales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por considerar que contraviene el derecho a la libertad de expresión.

         El caso “Acosta-Acuña” se suma a otro que desde hace varios años viene preocupando a un sector de la prensa local. El de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, autores del libro “Mitad monjes, mitad soldados. Todo lo que el Sodalicio no quiere que sepas”, quienes investigaron a esa institución de vida apostólica, compuesta por laicos, durante cinco años hasta lograr destapar la cadena de presuntos abusos sexuales, físicos y psicológicos contra, por lo menos, 30 exalumnos o integrantes de esa organización.  Desde entonces se abrió una investigación en la justicia, pero aún no ha llegado a ningún puerto. Entre los denunciados aparecen su fundador, Luis Figari, y otros miembros de esa obra ligada a la Iglesia católica, entre ellos Germán Doig, fallecido en el 2001 y quien fue candidato a ser beatificado por el Vaticano.

         El escándalo cobró tales proporciones que tanto Salinas como Ugaz vienen soportando todo tipo de intimidaciones, en particular de un sector de la prensa peruana, a través de periódicos y nombres y apellidos que se hicieron tristemente célebres en los años de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, vigilando cada minuto de la vida de los peruanos. Eso que en Perú se conoce, desde entonces, como “la prensa chicha”.

  Paola Ugaz y Pedro Salinas. "Acusados" por buscar la verdad.       

Las portadas con denuncias por supuestas irregularidades en algunas de sus actividades colaterales al periodismo de ambos, denuncias orquestadas por un aparato jurídico que se mueve al ritmo de un aparato (¿paralelo?) de inteligencia, los tiene en vilo desde hace meses. Aun cuando las pruebas en su contra siguen sin aparecer.

         El último escándalo tuvo lugar en la madrugada del pasado sábado 12, en la localidad de Mala, donde Salinas reside junto a su familia. Allí llegaron cinco patrulleros, unos cuantos fiscales y personal judicial para un allanamiento sorpresa que duró cinco horas, por una causa sobre una presunta contratación de servicios de prensa por parte del Ministerio Público entre el 2017 y el 2018 por la suma de 17.000 soles (4.392 dólares)

             Al mismo tiempo que las fuerzas policiales y los empleados judiciales alteraban la paz de Mala, en Pueblo Libre, otro tándem jurídico policiaco allanó la casa de una amiga de la exencargada de prensa de la Fiscalía General Janett Talavera, otra de las investigadas por la misma contratación.

        De acuerdo con un pormenorizado informe publicado el pasado miércoles por Gustavo Gorriti, de IDL-Reporteros, esa vivienda no pertenece a Talavera, sino a una amiga con la que vive mientras terminan algunas obras en su casa. Con lo cual, con acierto Gorriti deduce que los fiscales sólo pudieron llegar a allanar ese domicilio mediante un pedido previo de inteligencia a la todavía funcionaria judicial. ¿Y todo eso, por poco más de 4.300 dólares?

 El escándalo cobró tales proporciones que tanto Salinas como Ugaz vienen soportando todo tipo de intimidaciones, en particular de un sector de la prensa peruana, a través de periódicos y nombres y apellidos que se hicieron tristemente célebres en los años de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, vigilando cada minuto de la vida de los peruanos.

Se incautaron los teléfonos de ambos y el ordenador de Talavera, de donde es probable que de la causa en cuestión no encuentren nada, pero sí habrá “carne fresca” para continuar alimentando esa espiral del espionaje y acosar a aquellos a los que el poder real aborrece.

         El caso de los periodistas peruanos es ya una constante de los últimos tiempos. Pero no solo en Perú aparece un esquema conformado por espías y funcionarios judiciales dedicados a amedrentar y a perseguir. Un capítulo aparte merece México y Colombia, donde hacer periodismo te puede condenar a la muerte. Las presiones en Centroamérica contra los trabajadores de prensa y algunos medios fueron contagiando a los gobiernos con la eficacia del ómicron. En Argentina, sin ir más lejos, la jurisprudencia y el desarrollo de esas artimañas ya podrían ser materia exportable. El lawfare que se dio en llamar y que no ahorró ni en método ni en víctimas. Incluso, la mala praxis, como también se evidenció en los recientes allanamientos en Perú, llevó a que otrora acusados como culpables en distintas irregularidades pasen a militar en el bando de las víctimas, como fue el caso del sindicalista de la Construcción Juan Pablo “Pata” Medina.

El testimonio del editor acusado junto a Christopher Acosta.

   Solo hay que leer con detenimiento las portadas de esos periódicos embanderados con los sumideros del poder en Perú, y prestar atención a algunas de las firmas de esos artículos para detectar la hipótesis de un modus operandi que destila aromas de un espionaje ramplón bajo y órdenes que “vienen de arriba”, como, según IDL-Reporteros, fue la respuesta que el fiscal Reynaldo Abia le brindó a Talavera. Un escenario que tiende una excelente carretera asfaltada para una nueva investigación periodística con rumbo a conocer quiénes son esos que ordenan desde “arriba”.

         Por eso es que cada vez se hace más necesario que los Acosta, los Salinas, los Ugaz no se queden ahí solos, yendo y viniendo de casa a la fiscalía y de la fiscalía a un terrenito de su propiedad, que no sean sobre(a)saltados en la madrugada, a la hora que la gente decente duerme. Y todo porque cometieron el único “delito” de hacer periodismo sin pretender pertenecer a ese circo que levanta el poder donde, muchos trabajadores de prensa ofician de meros tramoyistas, o de malabaristas de cuatro datos caminando sobre la cuerda de la mentira más burda.

         Y es que hoy son ellos y mañana serán otros y pasado seremos todos, pero, como ya lo dijo hasta el cansancio Bertolt Brecht, entonces ya será demasiado tarde.