“Mano de obra desocupada”: La multinacional que faltaba

Por José Vales

Esa frase la había acuñado Antonio Troccoli —un político argentino que se convirtió en el primer ministro del Interior de la recuperación democrática—, allá por diciembre de 1983. Tenía que circunscribir dos ataques de distinta índole acaecidos en los primeros dos días de la recién asumida administración de Raúl Alfonsín. Escogió ese eufemismo para referirse a servicios de inteligencia, militares y otros miembros de las Fuerzas de Seguridad, que venían de integrar “las patotas” (pandillas) para- policiales —autores materiales del genocidio perpetrado desde 1976—, que pretendían seguir despuntado el vicio.

Nunca hubiese imaginado, este político de la Unión Cívica Radical (UCR), que aquella figura perduraría con los años; e incluso, que podría llegar a traspasar las fronteras con un ímpetu transnacional.

En los últimos años de la dictadura argentina, cientos de militares represores habían sido convocados por la Escuela de las Américas (como si les exigieran una retribución por los derechos de formación en eso de “exterminar al comunismo”), a sumarse a las filas contrarrevolucionarias, que desde Honduras operaban en las sucesivas guerras civiles de Nicaragua y El Salvador, a comienzos de los años 80 del pasado siglo.

Tampoco fueron pocos los exmilitares israelíes que asesoraron a militares y paramilitares en Colombia, en los 40 años de vida activa (y a todo dar) del conflicto armado. Para muestra, ahí está la investigación del periodista Alberto Donadío, publicada en El Espectador (en enero último), donde prueba que una de las legendarias estrellas del Mossad (inteligencia israelí), Rafi Eitan,

 fue contratado, en 1987, por el entonces presidente Virgilio Barco (1986-1990), para exterminar a los miembros de la Unión Patriótica (UP), con su candidato presidencial, Carlos Pizarro,  a la cabeza.

Eitan resaltaba en su currículum el haber participado de la captura del jerarca nazi Adolf Eichmann, en Buenos Aires, en 1960. De allí que Barco lo llevara a Colombia, no precisamente para enseñarle cómo es de rico el pastel de garbanzo que preparan en su Cúcuta natal, sino para que el famoso cazador de nazis lo ayudara a dejar el nombre de Colombia bien alto en el esquema subcontinental de la Doctrina de Seguridad Nacional, cuyos manuales de operaciones habían sido confeccionados, tres lustros antes, entre West Point y la Escuela de las Américas que funcionaba en Panamá.

Si de algo puede jactarse América Latina, es de tener algunos de los productores mundiales de esa industria de “mano de obra desocupada”. Ese ranking lo lidera Colombia, sin duda. El reciente magnicidio de Jovenel Moïse, el presidente de Haití que se había comprometido con la institucionalización del país para superar su crisis endémica, es la mejor demostración de ello

Lejos de que esas prácticas fuesen esporádicas, la “industria” de legiones de mercenarios y sicarios, se fueron convirtiendo en dos novedosas “unidades de negocios”, al compás del comercio armamentístico, a lo largo del globo. Guerras como las de los Balcanes (1991-2001) o la de Somalia (1991-2009), legaron una considerable mano de obra, proveniente de todos los bandos. 

Algo similar había ocurrido en Guatemala, después de diciembre de 1996, cuando el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) firmó la paz con la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UNRG). 

“La amenaza comunista” ya era materia prima para historiadores y antropólogos (forenses, los que más), lo que fue llevando a exguerrilleros y exmilitares a  confluir sin miramientos ideológicos, en bandas armadas. Las mismas que, más tarde, pasaron a disputarse los territorios fértiles del delito con los carteles mexicanos que comenzaban a operar en el país como Los Zetas, o el pandillaje de la Mara Salvatrucha, que fue penetrando desde El Salvador.

Con el correr de los años, esas organizaciones fueron cubriendo con su color, sangre, el mapa de buena parte de Centroamérica, de la misma forma que el narcotráfico fue tiñendo la realidad mexicana en las últimas décadas.

Jovenel Moïse. El asesinado presidente de Haití

Si de algo puede jactarse América Latina, es de tener algunos de los productores mundiales de esa industria de “mano de obra desocupada”. Ese ranking lo lidera Colombia, sin duda. El reciente magnicidio de Jovenel Moïse, el presidente de Haití, que se había comprometido con la institucionalización del país para superar su crisis endémica, es la mejor demostración de ello. Por lo menos, 19 exmilitares colombianos participaron del ataque, cinco de ellos detenidos y otros tres resultaron muertos, según lo informado por la policía haitiana y confirmado por el propio ministro de Defensa colombiano, Diego Molano.

Estos, precisamente, no fueron entrenados ni por Pablo Escobar ni por su carismático lugarteniente, “Popeye” (nombre de guerra de Jhon Jairo Velásquez). Sino por el mismo Ejército, que aún tiene en la cuenta de la Justicia Penal Internacional los “falsos positivos”: el plan sistemático perpetrado durante la administración de Álvaro Uribe (2002-2010), para asesinar civiles que no participaban del conflicto armado como bajas en combate. 

Sicarios: Al igual que los mercenarios, una industria en franco crecimiento...

Suboficiales y soldados rasos contratados para operar al primer estado fallido de la región: Haití. Un país que sufre, desde hace décadas, una crisis estructural y política, agravada por el devastador terremoto en 2010 y donde una elite empresarial, denunciada oportunamente por Moïse, se fue mimetizando con la mafia para tratar de abortar el proceso de recuperación institucional.